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Comunicación

El Estado tiene la obligación de prevenir violaciones a los derechos humanos
Boletín 284/2012

4 de agosto de 2012


    • También es deber de Estado investigar, sancionar y reparar el daño.


Frente a la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, el Estado mexicano tiene la obligación de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, porque derechos sin garantías no sirve para nada, aseveró el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia.


“Promover quiere decir que se tiene la obligación de hacer conocer los derechos; respetar, significa que se está obligado a no violarlos; proteger, que se está obligado a evitar que otros los violen; y garantizar, quiere decir materializar los derechos ciudadanos”, puntualizó.


Al participar en las “Mesas de Diálogo sobre la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos” en el Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación (PJF), reiteró que derechos humanos que no tienen garantías no se ejercen, por lo que es obligación del Estado construirlas para hacerlos efectivos.


El Ombudsman capitalino manifestó que también es deber del Estado prevenir las violaciones a los derechos, investigar, sancionar y reparar el daño.


Explicó que la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, es la más importante que ha tenido la Constitución Mexicana desde 1910, la cual fraguará en la próxima década una nueva forma de ver el derecho a partir de los derechos humanos.


Ante servidores públicos y el Director del Instituto Federal de Defensoría Pública, Mario Alberto Torres, indicó que a partir de esta Reforma se tendrán herramientas para exigir que la política pública tenga como eje central del tema de los derechos de las personas.


El Presidente de la CDHDF señaló que el gran desafío del tema de los derechos humanos es poder identificar en dónde el derecho excluye y por lo tanto genera una violación, y cómo hacer para que sea incluyente.


Asimismo, apuntó que el reto de los operadores jurídicos será reconocer en dónde hay normas de derechos humanos que tengan impacto en aquellas que aplican en el momento.


Reiteró que la citada Reforma coloca como eje a los derechos humanos, porque ahora los operadores jurídicos podrán decidir inaplicar disposiciones apelando a la inconvencionalidad.


Otro de los elementos que incorpora la Reforma es la interpretación pro persona. “Este es un criterio que se expresa como una necesidad de interpretación y que limita la posibilidad de una interpretación libérrima por parte de jueces y operadores jurídicos”, subrayó.


Luis González Placencia agregó que el principio pro persona supone que la decisión en el caso de un conjunto de normas que tiene que tomar el juez es aquella que mejor proteja los derechos de las personas.


“Eso también implica que quien aplicará esta norma o interpretará, tendrá que preguntarse qué consecuencia tendrá su decisión. Si esa decisión amplia la posibilidad de violar derechos, entonces esa es una decisión incorrecta; si esa decisión reduce esa posibilidad, entonces se convierte en una decisión correcta conforme a este principio pro persona”, enfatizó.