El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza Longoria, reveló que el Organismo a su cargo recibió, de enero a junio de este año, 231 quejas en contra de funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) por maltrato infantil y juvenil.

Al presentar el Primer Diplomado “Violencia hacia la Población Infantil y Adolescente desde la Perspectiva de los Derechos Humanos y la Salud: Por una Convivencia Sin Violencia” (De la Prevención a la Atención y Protección), reiteró que las autoridades sancionan por la apariencia y no por el acto. “Se detiene a los jóvenes por cómo vienen vestidos, porque creen que son presuntamente delincuentes o peligrosos, no por lo que han hecho”, apuntó.

Álvarez Icaza Longoria subrayó la necesidad de que las y los jóvenes no sean puestos en situación de predelincuencia, en especial aquellos que se encuentran en situación de calle. En una dinámica de inseguridad, afirmó, se requiere repensar el incremento de las medidas punitivas.

Sostuvo que las y los jóvenes que corren mayor riesgo de sufrir maltrato son quienes dejan de asistir a la escuela. Indicó que el 15% de los estudiantes de secundaría en el Distrito Federal desertan por motivos de pobreza, discriminación y violencia. “Ese es el grupo que es víctima de las cadenas del narcotráfico y de la delincuencia organizada”, recalcó.

El Ombudsman capitalino destacó que, de acuerdo con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal (DIF-DF), en el 2005 se registraron 1239 reportes de niñas y niños maltratados, de los cuales 800 casos fueron comprobados: Las principales causas fueron maltrato físico, emocional, omisión de cuidados y abandono.

“Esta es sólo una pequeña muestra del grave problema porque se trata de una población que está en tal situación de riesgo que no tiene condiciones para la denuncia. En realidad, muchas niñas y niños se encuentran en la indefensión. Estos son lo casos más críticos, donde se ha llegado tal nivel de violencia que la comunidad participa para denunciar”, sentenció.

El Presidente de la CDHDF enfatizó que el Estado tiene una responsabilidad para terminar con la cultura paternalista de madres, padres, maestros o cualquier otro sector que piense que pueden hacer lo que quieran con las y los niños.

Es imperativo, dijo, generar los mecanismos para proteger a las personas en riesgo y generar técnicas y capacidades profesionales para quienes trabajen con este grupo de población a fin de tener los mejores modelos de intervención.

Álvarez Icaza Longoria comentó que uno de los mejores ejercicios que se han hecho para detectar esta problemática fue la Consulta Juvenil 2003 que realizó el Instituto Federal Electoral (IFE), donde niños y niñas de entre 6 y 9 años denunciaron abuso por parte su familia, insultos, golpes y falta de respeto a su persona.

Por este motivo, afirmó, se requieren refugios y albergues para atender a niños, niñas y mujeres, principales víctimas de la violencia intrafamiliar. El Gobierno capitalino, así como también los gobiernos federal y estatales, deben asumir que se requieren esos espacios como parte de una política pública para contener la violencia.

A su vez, la Directora de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría, María Elena Medina-Mora, dijo que de acuerdo con la Encuesta sobre Maltrato Infantil, de Jorge Villatoro, hecha a estudiantes de secundaria de Baja California, Yucatán, Sonora y Tlaxcala, uno de cada cinco reportó haber sufrido maltratados de sus padres alguna vez en su vida.

Indicó que entre 47 y 60% de las y los estudiantes manifestaron haber sufrido maltrato emocional. La investigación encontró que la negligencia hacia los hombres fue más frecuente en ellos, pues entre 6.7 y 9.7% la reportaron; mientras que el abuso sexual se enfocó más hacia las mujeres, con un porcentaje de entre 3.5 y 9.5%.

María Elena Medina-Mora apuntó que en la Encuesta antes mencionada también se detectó que cada estudiante que había sufrido abuso físico presentaba estrés postraumático.

En ese sentido, la funcionaria del Instituto Nacional de Psiquiatría señaló que el presente Diplomado pretende avanzar a través de la reflexión hacia una mejor investigación del maltrato infantil, a fin de evitar que los autores de la violencia permanezcan impunes.

Por ello, resaltó el hecho de que la CDHDF y el Instituto recibieron más de 100 solicitudes de personas para cursar el Diplomado, curso que busca orientar los pasos para ofrecer protección adecuada a este sector poblacional, así como identificar los vacíos que dificultan que los casos se resuelvan con apego a la ley.

Añadió que un segundo objetivo es generar espacios de debate y análisis entre las Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan el tema de la violencia hacia las niñas y los niños, lo que permitirá fortalecer sus vínculos.

El Primer Diplomado: “Violencia hacia la Población Infantil y Adolescente desde la Perspectiva de los Derechos Humanos y la Salud: Por una Convivencia sin Violencia”, constará de nueve módulos que se desarrollarán en seis sesiones de trabajo, con un total de 144 horas.