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 El principal agresor contra la libertad de expresión no es la delincuencia, sino el Estado. |
| Expresa CDHDF solidaridad con periodista agredido en Puebla |
| El Estado debe garantizar que no se repitan agresiones de militares contra periodistas. |
| Condena la CDHDF asesinatos de los periodistas Guillermo Alcaraz y Marco Aurelio Martínez. |
| La CDHDF condena el asesinato de periodista en Michoacán y exige al Estado implementar políticas públicas para garantizar libertad de expresión. |
| CDHDF deplora agresión de policía federal contra periodistas en Ciudad Juárez, Chihuahua. |
| Condena la CDHDF asesinato de periodista en Guerrero. |
| CDHDF se suma a la exigencia de investigación por la agresión que sufrió la reportera Ixtli Martínez. |
| La CDHDF condena el asesinato de Bety Cariño, defensora de Derechos Humanos y la desaparición de dos periodistas en San Juan Copala, Oaxaca. |
| Condena la CDHDF homicidio de reportero y secuestro de 8 comunicadores en Tamaulipas. |
| Preocupa a la CDHDF detención arbitraria de reporteros de la revista multimedia Reporte Índigo. |
| Archivo temático: Relatoría para la Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos |
| Boletines anteriores. |
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), a través de su Relatoría para la Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, se une a las voces ciudadanas que repudian la campaña de difamación que se ha desatado contra los periodistas Isaín Mandujano y Ángeles Mariscal, corresponsales de la revista Proceso y del diario La Jornada en el estado de Chiapas.
Los agraviados han dado voz a diversos actores políticos y sociales de dicha entidad, lo cual ha generado conflictos y actos de discriminación por parte del Gobierno estatal y otros grupos de poder locales. En este sentido, la CDHDF comparte y promueve la postura de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) en el sentido de que "La libertad de expresión requiere la obligación de las autoridades y el compromiso de la sociedad en promover la pluralidad de ideas y opiniones para incrementar la comprensión y la pluralidad de voces en el debate público".
Cabe destacar que los periodistas relataron a la CDHDF que, en últimas fechas, distintas organizaciones sociales de Chiapas que tienen diferencias de percepción y de criterio con las autoridades locales, han expresado críticas, juicios de valor y consideraciones que pueden molestar o incomodar a algunos servidores públicos del Gobierno del estado.
La cobertura que han dado Mandujano y Mariscal a esas informaciones provocó una campaña de difamación en su contra e incluso que se exhiban sus fotografías en sitios web y redes sociales, donde se pretende relacionarlos con intereses y grupos políticos.
De igual forma dijeron a la CDHDF que existen elementos que permiten suponer que los agresores han incurrido en delitos cibernéticos pues se ha circulado por Internet un correo electrónico supuestamente enviado desde la dirección electrónica personal de Ángeles Mariscal, hecho que la periodista niega rotundamente. A esto se suma que los reporteros han sido objeto de expresiones difamatorias y calumniosas a través de distintos medios, entre ellos, los pertenecientes al Gobierno del estado, como el Sistema Chiapaneco de Radio.
Ante este panorama de intimidación y hostigamiento, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal considera que es obligación de las autoridades abstenerse de ejercer cualquier medida directa o indirecta que pueda acotar el derecho a saber de los gobernados y el derecho a la libertad de expresión de las personas en general, y de los periodistas en particular.
Hechos como estos coadyuvan a inhibir el ejercicio periodístico, la libertad de expresión y el derecho a la información, además de que incrementan el riesgo para las personas que ejercen el periodismo en el estado de Chiapas y en todo el país.
Por ello urge a las autoridades federales a acelerar los procesos de elaboración diseño e implementación de mecanismos de protección para garantizar la vida, la integridad y la seguridad de los periodistas en todo el territorio nacional y, con ello, cumplir el compromiso que el Estado mexicano tiene con la libertad de expresión de todas las personas.
