La limpieza social contra poblaciones callejeras en la capital y en el país es mucho
más grave de lo que se piensa, alertó el presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia. A raíz de las investigaciones
que salieron a la luz pública, la CDHDF recibió quejas relacionadas con
hostigamientos y amenazas a miembros de la organización civil El Caracol, A. C.,
denunciantes de la falta de regulación e intervención del Estado en centros de rehabilitación
conocidos como anexos ya que se han revelado las prácticas vejatorias que
ahí se cometen y que ponen en riesgo la vida de las personas recluidas.
Por ello, la CDHDF emitió medidas precautorias a la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP) capitalina y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ( PGJDF)
para que salvaguarden la integridad física y sicológica de los integrantes de El Caracol
y además se adhirió al Posicionamiento Público de Organizaciones y de Defensoras y
Defensores de Derechos Humanos en torno a la Situación de las Poblaciones Callejeras.
Por su parte, la consejera de la CDHDF, Clara Jusidman, aseguró que estas violaciones
a los derechos humanos de las poblaciones callejeras y de los jóvenes de sectores
populares ocurren en todo el país y expresó su preocupación por el surgimiento de
una oferta de servicios sociales precarios como se ha evidenciado con los casos del
albergue infantil Casitas del Sur, del incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo,
Sonora, y recientemente el del anexo de rehabilitación Los Elegidos de Dios.
“Encontramos una falta de defi nición clara de responsabilidades a nivel legislativo,
entre niveles de gobierno y entre instituciones; no queda claro si el dif nacional
es el que debe hacer la tarea de protección de los derechos de las personas que son
objeto de asistencia social”, indicó.
No obstante, subrayó que el Estado mexicano está obligado, a través de los instrumentos
internacionales de derechos humanos que ha signado, a respetar los derechos
humanos de las poblaciones, a garantizarlos y satisfacerlos y a protegerlos. En este
caso debe vigilar las relaciones entre particulares ante la posibilidad de que puedan
vulnerarse los derechos humanos de unos u otros.
A su vez, el director de El Caracol, A. C., Juan Martín Pérez García, denunció
que en los últimos diez años los anexos incorporaron el cobro a los usuarios de sus
servicios, llegando algunos a convertirse en cárceles privadas. También lamentó que
la autoridad local no reconozca los actos de limpieza social ya documentados por la
CDHDF en la Recomendación 23/2009, pues es necesario reconocerlo para superarlo.
