Opinión y debate
Elena Reynaga*
Trabajo sexual y derechos humanos**

La XVII Conferencia Internacional sobre el Sida 2008 abordó por primera vez los temas de derechos humanos vinculados con la salud sexual y reproductiva; por vez primera la voz de los y las trabajadoras sexuales se escuchó en este foro, no sólo en las actividades no oficiales, sino en el programa de conferencias plenarias. Ahí, Elena Reynaga, trabajadora sexual y activista argentina habló sobre su trabajo, sobre su vulnerabilidad ante el vih/sida y, sobre todo, sobre sus derechos humanos. Habló a nombre de quienes han elegido el trabajo sexual para subsistir y pidió que se les trate como eso, como trabajadoras y trabajadores, sin discriminación. A continuación, publicamos las palabras que Elena Reynaga pronunció en esta presentación plenaria.

Antes que nada queremos decir que consideramos un gran logro que, por primera vez en una conferencia internacional sobre el sida se realice una sesión plenaria sobre trabajo sexual. Mi presentación no es científica. Vamos a analizar algunos datos, pero sobre todo hablaré desde quien soy: activista trabajadora sexual. Es a partir de organizarnos que las trabajadoras sexuales logramos construir respuestas efectivas a la epidemia del VIH/sida.

Para comprender estos avances es fundamental aceptar que hay una relación importante entre los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, la pobreza y la prevalencia del vih. Vamos a poner un ejemplo: en la India hay una ciudad, Kalkata, donde existe un movimiento fuerte de trabajadoras sexuales: una organización conocida como el proyecto Sonagachi. Sonagachi es la zona roja de la ciudad. En 1992 apenas 1% de las trabajadoras sexuales usaba condón, en 1998 lo usaba ya 90%. ¿Cuáles fueron las acciones de la organización para alcanzar estos resultados? La lucha por la salud basada en el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo y por el respeto de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. Hoy en Sonagachi la tasa de vih se estabilizó en 5.17%, mientras en otras ciudades de India, como Mumbai, la prevalencia en trabajadoras del sexo es de 54 por ciento.

Para reducir la exposición al vih necesitamos lograr que se respeten los derechos humanos de las trabajadoras y trabajadores sexuales y personas transgéneros a las que muchas veces se nos niega el acceso a la salud, a los derechos humanos e, incluso, a la propia existencia. Sin embargo, existimos y tuvimos grandes logros en esta lucha:

• Logramos bajar la prevalencia del VIH en trabajadoras sexuales en algunos países.
• Conseguimos derogar en algunos lugares legislaciones que nos criminalizan.
• Hicimos la Consulta Mundial de Trabajo Sexual y la Consulta Regional Latinoamericana y de El Caribe en Trabajo Sexual y VIH/sida.
• Estamos haciendo Consultas Nacionales de Trabajo Sexual y VIH/sida en la región latinoamericana.
• Logramos llegar a las Naciones Unidas en varias oportunidades.
• Y también en algunos países estamos dentro de los Mecanismos Coordinador País (MCP).¹
• Debatimos los criterios de la Guía para trabajadoras sexuales elaborada por Onusida que tenía definiciones estigmatizantes y propusimos alternativas.

Estar hoy acá es un logro; nos invitaron porque hicimos cambios reales y concretos en el tema de la epidemia. Si pudimos hacer todo esto, ¿cómo puede ser que todavía no los convencemos de que no es una cuestión de repartir condones, sino que la respuesta al VIH incluye a todas las áreas del gobierno? No es que las trabajadoras sexuales seamos vulnerables ante la epidemia. En realidad, nos convierten en un grupo más vulnerable con políticas que nos reprimen de distintas maneras.

Un ejemplo actual de esta violencia es la situación en Camboya, donde las políticas antiprostitución aprobadas por presión de los Estados Unidos hacen que se detenga a las trabajadoras sexuales bajo el argumento de que son víctimas de trata. Para supuestamente protegerlas las mantienen en cautiverio en centros donde son violadas por los guardias de seguridad y sólo salen en libertad tras pagar importantes sumas de dinero.

El doble estigma contra el trabajo sexual y el VIH se usa en muchos lugares para justificar la represión policial. En Zambia, por ejemplo, las trabajadoras sexuales son azotadas públicamente por la policía mientras les gritan: “perra que matas la nación” o “veneno de rata”. La violencia de las fuerzas de seguridad es un riesgo directo de transmisión del VIH para las mujeres, personas trans y hombres trabajadores del sexo. Por ejemplo, entre febrero y abril de 2007 en Congo el grupo ALCIS² registra 29 casos de violencia sexual por militares y policías contra trabajadoras sexuales, incluyendo violaciones, secuestros y torturas. Después de esos ataques, muchas mujeres recibieron diagnósticos de VIH positivo.

Esta violencia estatal es consecuencia directa del no reconocimiento del trabajo sexual como trabajo. La falta de protección jurídica permite y hasta incentiva la violencia hacia las trabajadoras sexuales. En la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y El Caribe contabilizamos 34 mujeres trabajadoras sexuales asesinadas en los últimos 10 meses en América Latina. Y el ciento por ciento de los crímenes continúa impune.

A veces quienes atentan contra nuestros derechos son las políticas de salud cuando nos obligan a hacernos el test en forma compulsiva y no respetan la confidencialidad. Hace muy poco, la Red de Trabajadoras Sexuales de Ecuador logró reemplazar la libreta sanitaria por un carnet de salud Integral, que es igual al que lleva cualquier otra mujer para atenderse. Siempre somos las organizaciones de trabajadoras sexuales las que logramos políticas públicas que favorezcan a nuestro sector.

Hay otras formas más sutiles de ejercer violencia sobre las trabajadoras del sexo: cuando nos usan como mano de obra de investigaciones de las que nunca conocemos los resultados. Conocer los resultados de los estudios es fundamental para proponer políticas públicas basadas en datos sólidos.

Finalmente, denunciamos que el primero en discriminar es el Estado cuando rechaza otorgarnos la personalidad jurídica como organizaciones de trabajadoras sexuales. Esto pasa en todo el mundo, siempre con el mismo argumento: dicen que “una organización de trabajadoras sexuales no es un aporte al bien común”. ¿Qué piensan ustedes? ¿Realmente todo esto que contamos acá es poco aporte al bien común?

Ahora queremos preguntarnos: ¿qué pasa con el financiamiento para vih en trabajadoras sexuales?, ¿se ocupa de estos temas? Tenemos que decir que, lamentablemente, muy poco. En realidad, en este momento hay más recursos, el problema es que están mal distribuidos.

En primer lugar se financia sin conocer las necesidades reales de las poblaciones. En muchas partes del mundo, las trabajadoras sexuales todavía no podemos conseguir lo básico: suficientes condones. En algunos países de África y América Latina, directamente no se distribuyen lubricantes a base de agua, entonces se usan vaselina o aceite que dañan el condón.

Algunas agencias de cooperación nos imponen condiciones que no toman en cuenta nuestra realidad.¿Les parece a ustedes que una trabajadora sexual pueda usar el ABC como prevención del VIH? ¡Atenta directamente contra nuestro trabajo! La única de las letras que tiene evidencia de reducir la epidemia es la C: el uso del condón en todas las relaciones sexuales.

Si las agencias están preocupadas realmente en apoyar a las trabajadoras sexuales no deberían imponernos su agenda ni su ideología. Las agencias de Naciones Unidas no deberían elaborar políticas ni guías sin nuestra participación. Por ejemplo, el último año trabajadoras sexuales de todo el mundo planteamos a Onusida que modifique el borrador de la Guía para trabajar con trabajadoras sexuales y sus tres pilares.³ El énfasis antiprostitución de esa guía era un cambio enorme en las políticas de Onusida de 2002 y 2004, producto del lobby de los gobiernos más conservadores.

Voy a dar sólo dos ejemplos: la guía hablaba de promover que cambiemos nuestra actividad por trabajo decente, como si el trabajo sexual fuera menos decente que otras actividades. Y planteaba también que una mujer que vive con VIH no puede ejercer el trabajo sexual. Con ese criterio, entonces, las personas que viven con VIH no deberían mantener relaciones sexuales. El problema no son las relaciones sexuales, el problema es no usar condón. Si Naciones Unidas sigue en este camino será responsable de muchas muertes de trabajadoras y trabajadores sexuales que no recibieron atención basada en el respeto a los derechos humanos a causa de los prejuicios de un puñado de poderosos.

En primer lugar, para que los recursos sean efectivos deben ser adecuados a la realidad de la población a la que dicen apoyar. Cuando los fondos van únicamente a condones y no hablan de derechos no sirven para prevenir el vih. En muchos países, ni siquiera tenemos derecho a llevar condones. La policía se los quita a nuestras compañeras porque los considera una prueba de prostitución. En otros lugares, las trabajadoras sexuales somos detenidas hasta tres meses. Las compañeras que viven con VIH se ven obligadas a interrumpir el tratamiento.

Muchas veces, la opción para no ir a la cárcel es dejarse violar por los policías: casi siempre sin condón, por supuesto. En segundo lugar los recursos destinados a las poblaciones más expuestas al VIH son insuficientes. Lo que estoy diciendo, y lo afirma el Informe mundial 2006 de Onusida, es que “los recursos destinados a prevención, tratamiento y atención del VIH no son proporcionales a la prevalencia del vih en las poblaciones más expuestas”.⁴ Según un artículo publicado en la revista Salud y derechos humanos⁵ solo 22% de las trabajadoras sexuales de África y 35% en América Latina y El Caribe tienen acceso a programas de prevención. Vamos a poner un ejemplo: en República Dominicana, la prevalencia en población adulta general para el año 2005 era de 1.1 por ciento. Mientras tanto, la prevalencia en trabajadoras sexuales era de 3.6%.⁶ Sin embargo, de los 48 millones de dólares invertidos por el Fondo Global en República Dominicana, apenas 20 mil dólares se dedican a las trabajadoras sexuales de Movimiento de Mujeres Unidas (Modemu), organización de base de trabajadoras sexuales con alcance nacional.

La mayoría de las veces esos recursos no están administrados por las organizaciones de base de trabajadoras sexuales. El cambio real se logra con políticas públicas que sólo van a hacerse si las organizaciones las impulsamos. Y para impulsarlas necesitamos ser organizaciones de base fuertes, para estar en los espacios donde se toman las decisiones. Cuando los fondos no son para apoyar organizaciones de base el dinero esta mal invertido, con poca sustentabilidad en el tiempo. Voy a dar un ejemplo de dinero mal invertido: todas las agencias han apoyado a Honduras. Sin embargo, no se logra construir una organización de base fuerte. Honduras es un país pequeño y muy pobre. La prevalencia del VIH en trabajadoras sexuales era de 9.7% en 2005, una de las más altas de Centroamérica. Honduras es la prueba de que buscar algunas compañeras para que realicen prevención entre pares no es suficiente. Lo que hace falta es darnos las herramientas para que las mismas trabajadoras sexuales nos sentemos con los gobiernos a discutir las políticas públicas que necesitamos.

En tercer lugar una parte importante del dinero se va en gastos de tercerización porque muchas agencias se niegan a depositar el dinero directamente en las organizaciones de base. La mayoría no tuvimos la oportunidad de ir a la escuela pero, sí pudimos lograr que se modifiquen leyes que nos criminalizan y pararnos delante de todos los que quieren mantenernos en la ignorancia,¿cómo no vamos a poder administrar nuestras propias organizaciones?

Es hora de que empiecen a confiar en nosotras. Tercerizar la cooperación es una política que atenta contra la autonomía de las organizaciones de trabajadoras sexuales Las evidencias muestran que las mejores respuestas al VIH las construimos las organizaciones. Nuestros programas combinan prevención entre pares con promoción de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. Al mismo tiempo que luchamos para eliminar las leyes que mantienen en la clandestinidad, en alcance a pares las organizaciones somos expertas: en El Salvador, Orquídeas del Mar llegó a 2 mil trabajadoras sexuales el último año. Ecuador alcanzó más de 8 mil y en Argentina llegamos a 9 mil trabajadoras sexuales.

Un ejemplo exitoso es la experiencia de la Red Brasileña de Prostitutas, que lograron involucrarse directamente en una política pública: el programa Sin vergüeza, Garota. Vos tenés profesión. Esto lo combinaron con la inclusión de la prostitución en la categoría de profesiones del Ministerio de Trabajo de Brasil. Y además llevaron la lucha hasta el parlamento para sancionar una ley que elimine toda persecución a las trabajadoras sexuales. Es decir, las respuestas más efectivas se logran donde el trabajo sexual es reconocido como trabajo y donde las organizaciones de trabajadoras sexuales manejamos nuestros propios recursos.

Sin embargo, este éxito parece convertirse en nuestra condena. En América del Sur es probable que disminuyan los recursos, porque el Fondo Mundial ha decidido que sólo habrá financiamiento para las poblaciones con prevalencias superiores a 5 por ciento. Es una gran contradicción, porque el terreno que se ganó se puede perder rápidamente si se deja de lado el trabajo que se hizo todos estos años.

Y para terminar, hoy que hemos logrado estar paradas ante el mundo entero queremos decirles: las trabajadoras sexuales no agachamos más la cabeza. Algunos dicen que ejercer el trabajo sexual no es digno. Nosotras les decimos: indignas son las condiciones en que trabajamos. No hay ninguna evidencia científica de que los programas llamados “de rehabilitación del trabajo sexual” sirvan para frenar el VIH. ¿Cómo puede ser entonces que recursos para la prevención del VIH vayan a parar a estos programas?, mientras tanto, según cifras de Onusida, una de cada tres trabajadoras del sexo no recibe los servicios de prevención o de tratamiento del VIH. Las trabajadoras y trabajadores del sexo están muriendo por falta de servicios de salud, por falta de condones, por falta de tratamiento, por falta de derechos,¡no por falta de máquinas de coser!

Notas al pie de páginas:

1.- Un MCP es un grupo de individuos representando una amplia gama de sectores de un país, que se juntan para evaluar las necesidades de la nación en torno al sida, la tuberculosis y la malaria, o cualquier combinación de estas tres enfermedades.
2.- Action pour la Lutte Contre l’Ignorance du Sida (ALCIS), grupo portugués de activistas sobre tratamientos de VIH/sida.
3.- En inglés: UNAIDS Guidance Note on HIV and sex work.
4.- Informe sobre la epidemia mundial de Sida 2006, Onusida, 2006.
5.- Susana T. Friend y Shannon Kowaiski-Morton, “Sex and the global fund: how sex workers, lesbian, gays, bisexuals, transgender people, and men who have sex with men are benefiting from the global found, or not”. Health and Human Rights, vol. 10, núm. 1, véase: <www.hhrjournal.org>.
6.- Datos tomados del Informe sobre la epidemia mundial de sida 2006, Onusida, 2006.