EXPEDIENTE:
EXP. CDHDF/122/04/CUAJ/D2202.000

PETICIONARIOS:
JOSÉ LAURO GODÍNEZ GONZÁLEZ

AGRAVIADOS:
JOSÉ LAURO GODÍNEZ GONZÁLEZ Y
OTROS COLONOS DE LOMAS DEL CHAMIZAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
1) JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL
2) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DEL DISTRITO FEDERAL

CASO:
NEGATIVA AL DERECHO DE PETICIÓN, Y PRESTACIÓN
INEFICIENTE DEL SERVICIO PÚBLICO.

DERECHOS HUMANOS VIOLADOS:
DERECHO A LA PROTECCIÓN JUDICIAL Y A UN MEDIO
AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO.

La CDHDF lamenta la no aceptación y la aceptación parcial de las recomendaciones 8/04 Y 9/04 por parte de las autoridades capitalinas. La CDHDF envía las Recomendaciones 8 y 9/2004, relacionadas con violaciones al derecho a un medio ambiente sano. Mensaje del maestro Emilio Álvarez Icaza durante la presentación de las Recomendaciones 8 y 9 /2004. Sesión de preguntas y respuestas al término de la presentación de las Recomendaciones 8 y 9/2004. Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Reglamento Interno de la CDHDF. Seguimiento de Recomendaciones. Informe: Recomendaciones pendientes de cumplimiento. Recomendaciones anteriores

(summary)

C. IGNACIO RUIZ LÓPEZ,
JEFE DELEGACIONAL
DEL DISTRITO FEDERAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS.

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO,
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DEL DISTRITO FEDERAL.

PRESENTE.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintidós de noviembre de dos mil cuatro. Visto el estado que guarda el expediente de queja citado al rubro y toda vez que se ha concluido la investigación de los hechos motivo de la misma y se acreditó la violación a derechos humanos, la Segunda Visitaduría formuló el proyecto de Recomendación, el cual fue previamente aprobado por el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en términos de lo establecido por los artículos 3, 17 fracciones I, II, y IV, 24 fracción lV, 46, 47 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y 136, 137 y 138 de su Reglamento Interno.

La presente Recomendación se dirige al Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos y a la Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal, en tanto titulares de las citadas dependencias, en términos de lo dispuesto en los artículos 15 fracción IV y 39 fracciones LXI, LXII, LXIII, LXIV y LXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y 6 de la Ley Ambiental del Distrito Federal.

En observancia a lo previsto por el artículo 139 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se procede a la descripción de los rubros que a continuación se enumeran:

1. Descripción de los hechos violatorios de los derechos humanos.

1.1. El 13 de mayo de 2004, esta Comisión recibió queja de José Lauro Godínez González, Representante de la Asociación de Colonos Lomas del Chamizal en Cuajimalpa, A.C., a la que se asignó el expediente citado al rubro. En ella refirió que:

El 5 de abril de 2004, ingresaron un escrito dirigido al Director General Jurídico y de Gobierno en la Delegación Cuajimalpa, respecto de una denuncia por la invasión en la zona de reserva ecológica ubicada en la Barranca La Diferencia 4ª Sección, y a la fecha no han recibido respuesta alguna.

1.2. Consta en acta circunstanciada que el 17 de mayo de 2004, el peticionario José Lauro Godínez González manifestó a una visitadora adjunta de esta Comisión que:

En fecha 16 de abril de 2004 ingresó un escrito a la Jefatura Delegacional con motivo de los mismos hechos manifestados (El 5 de abril de 2004).

Aclara que el escrito de 5 de abril de 2004 fue un recordatorio, ya que ha pasado más de un año desde su primera solicitud, y a pesar de que ha establecido comunicación con diversas autoridades, todas le han indicado que están realizando las diligencias pertinentes para darle contestación, pero a pesar del tiempo pasado (un año), no se ha solucionado nada aunado a que sigue aumentando el número de personas invasoras de la barranca debido a que se están construyendo tres torres o edificios para su habitación.

2. Enumeración de las pruebas que integran el expediente y demuestran la violación a los derechos humanos.

2.1. El 17 de mayo de 2004, personal de este Organismo estableció contacto con la Secretaria Particular del Jefe Delegacional, a quien se le comunicaron los hechos motivo de la queja. Ésta indicó que, una vez recibidas las solicitudes se turnan a las áreas que conocen de la materia, que se requiere de una inspección ocular y posteriormente se realiza un reporte en el cual consten las firmas de los vecinos. La Secretaria Particular se comprometiéndose a dar contestación por escrito a más tardar el 18 de mayo de 2004.

2.2. El mismo 17 de mayo del año en curso, mediante oficio número 9726, se solicitó al Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos, un informe en relación con los hechos de la queja.

2.3. En respuesta, mediante oficio JSP/DGJG/DJ/SCCAL/0407/04, el Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos manifestó, en lo sustancial que:

a) Se recibió la solicitud de fecha 5 de abril de 2004, a la cual se le dio contestación mediante oficio número DGRNyAP/336/2004 de la Dirección General de Recursos Naturales y Áreas Protegidas de la demarcación de fecha 23 de abril de 2004 y notificándose al interesado las acciones que se están llevando a cabo y el procedimiento del trámite a seguir el 17 de mayo del año en curso;

b) Mediante oficio número DGJG/1732/04 de fecha 6 de abril de 2004, el Director General Jurídico y de Gobierno, Lic. Miguel Ángel Peláez Gerardo, informó de los hechos y solicitó que se destine una radio patrulla para que realice un monitoreo permanente a fin de evitar la invasión en áreas verdes, a la Coordinadora de Seguridad Pública Prof. Clementina Facundo Reyes, quien mediante oficio número CGSP/337/2004, de fecha 15 de abril de 2004, solicitó al 1er Insp. Jaime Mauro Rodríguez Acevedo que brinde el apoyo necesario en la zona de la barranca La Diferencia, y mediante oficio número CGSP/456/2004 de fecha 11 de mayo de 2004, la Coordinadora de Seguridad Pública contestó al Director General Jurídico y de Gobierno cuales unidades del sector CUJ-2 están brindando el apoyo solicitado y rinden informe a fin de evitar en lo posible los hechos manifestados.

2.3.1. Cabe resaltar que, a su respuesta adjuntó copia certificada del oficio DGJG/1732/04, suscrito por el licenciado Miguel Ángel Peláez Gerardo, Director General Jurídico y de Gobierno en Cuajimalpa de Morelos, del que se destaca que comunicó a la Coordinadora de Seguridad Pública que recibió escrito de José Lauro Godínez González, mediante el cual manifestó que tiene conocimiento de que invadirán la zona de reserva ecológica, ubicada en la barranca de La Diferencia…, y que existe antecedente de que estas personas en semana santa del año pasado (2003) invadieron dicha zona, acto que realizaron el 16 de abril del año pasado, y hasta la fecha no se han podido retirar del lugar invadido, por lo anterior, solicitó que se destinara una radio patrulla para que realizara un monitoreo permanente a fin de evitar la invasión en áreas verdes a partir del 6 de abril del año en curso (2004).

2.4. A fin de obtener mayores elementos para la debida documentación del expediente de queja, el 18 de junio de 2004 esta Comisión solicitó informes pormenorizados: a) Al Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos; b) Al Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal; c) Al Director General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural y, d) Al Director General de Regulación y Gestión Ambiental del Agua, Suelos y Residuos, ambos de la Secretaría del Medio Ambiente.

2.5. En respuesta, las mencionadas autoridades remitieron a esta Comisión:

2.5.1. El oficio número JSP/DGJG/DJ/520/04, suscrito por el Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos mediante el cual, en lo sustancial, manifestó:

Las 3 barrancas (Milpa Vieja, La Diferencia y El Zapote), se encuentran asentadas en una zonificación del uso del suelo AV (Área Verde), de conformidad con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, versión 1997, y como lo señala el artículo 3 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

Estas áreas verdes son de alto valor ambiental, en las cuales no se permiten obras o construcciones de carácter habitacional, no es posible otorgar licencias de construcción y esta autoridad no las ha expedido. Por lo anterior, la existencia de construcciones o viviendas en dichas barrancas tienen un carácter irregular.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda no tiene facultades para imponer las áreas susceptibles a desarrollar. La Asamblea Legislativa es la facultada para acordar los cambios de uso de suelo. Independientemente del régimen de propiedad que exista en los terrenos de dichas barrancas, se aplica sin distingos la regulación urbana y ambiental.

Además de reuniones de coordinación, para acordar las acciones legales administrativas, se han efectuado recorridos de campo y monitoreo, para identificar y ubicar los procesos de ocupación irregular de las barrancas, y determinar su situación legal administrativa.

Internamente las áreas responsables de la Delegación de atender los casos que se comentan, han llevado un proceso formal administrativo, dando cuenta de los ilícitos en las barrancas, con el soporte documental necesario, además de los acuerdos de atención conjunta con las áreas centrales del Gobierno del Distrito Federal.

Las barrancas de referencia tienen una restricción de rescate ecológico en cuanto a áreas verdes. Pero además de su zonificación en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, el plano 1283-3 A de octubre de 1986, autorizado por la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT), que corresponde a la 4ª sección de la Colonia Lomas del Chamizal, y en donde se ubican las barrancas Milpa Vieja y La Diferencia, sus superficies tienen una inscripción de Reserva Ecológica.

Se ha tenido conocimiento de obras y construcciones ilegales en las barrancas, pero además, se han llevado a cabo procedimientos correspondientes de campo, la acumulación de pruebas documentales, así como visitas de verificación.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tiene competencia con relación a los desmontes en superficies forestales fuera de la zona urbana, flora y fauna silvestre, así como en la contaminación del suelo y rellenado de barrancas y escurrimientos naturales, motivo por el cual se le invitó a participar en talleres de ilícitos ambientales, además de reuniones de coordinación y en recorridos de campo para detectar ilícitos de competencia federal, para que iniciara los procedimientos correspondientes.

De igual forma se procedió con la Comisión Nacional del Agua, por lo que corresponde a las concesiones, autorizaciones y licencias de uso de la zona federal y escurrimientos naturales.

Existe una estrecha coordinación con la Dirección General de Regulación y Gestión Ambiental, Agua, Suelo y Residuos, para la atención conjunta de los ilícitos ambientales en la Delegación.

En la Delegación Cuajimalpa de Morelos, no existen Áreas Naturales Protegidas de competencia local. Existen 2 ANP de competencia federal, que son Parques Nacionales: Desierto de los Leones y el Insurgente Miguel Hidalgo, en ambos no existen asentamientos humanos irregulares.

Dentro del POA 2004, la Delegación Cuajimalpa de Morelos cuenta con tres proyectos prioritarios con recursos financieros, además de otros, como: limpieza de barrancas, prevención y combate de incendios forestales, reforestación, mantenimiento de las mismas, además de proyectos de desarrollo rural, que eviten la venta de las tierras de uso agropecuario y forestal, a un uso urbano, a través de la venta fraudulenta de la tierra del suelo de conservación.

Los recursos son insuficientes a nivel federal, local y delegacional.

Se cuenta también con el apoyo de las agencias del Ministerio Público, cuando se detiene in fraganti al infractor, cometiendo delitos ambientales.

2.5.1.1. El Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos, adjuntó a su informe, entre otros documentos:

a) Copia simple del dictamen técnico ambiental, suscrito por la bióloga Erika Sámano Quiroz y el ingeniero Jaime Jiménez González, en el cual, respecto de las construcciones y actos de invasión a la barranca La Diferencia, emitieron lo siguiente:

DICTAMEN

Primero. De acuerdo con las tablas de usos de suelo urbano de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, el uso de suelo que se le está dando a la barranca conocida como LA DIFERENCIA, no está permitido, ya que en este tipo de zonificación el único uso de suelo permitido es el establecimiento de garitas y casetas de vigilancia de uso exclusivo de servicios de policía.

Segundo. Las afectaciones que se han generado en la barranca conocida como LA DIFERENCIA por el establecimiento de 21 viviendas son las siguientes:

o Remoción de los estratos herbáceos y arbustivos.
o Contaminación del cauce por la descarga de aguas negras a cielo abierto y por desechos sólidos (basura).
o Introducción de fauna doméstica (perros) que genera el desplazamiento de la fauna nativa.
o Compactación del suelo.
o Remoción del suelo.

Tercero. Los impactos ambientales que se producirán en la zona por la alteración de sufre la barranca son:

o Inhibe la infiltración adecuada del agua, evitando la recarga de los mantos freáticos.
o Disminución de la capacidad de captura de CO², lo que implica un cambio climático (alteraciones en los regímenes de lluvia y temperatura).
o Alteración del ciclo hidrológico.
o Escasez de agua potable.
o Degradación del paisaje.
o Pérdida del suelo por erosión hídrica.
o Contaminación de Cuerpos de agua.
o Cambio de uso del suelo.

CONCLUSIONES

Primero. Tomando en cuenta las observaciones realizadas y con la finalidad de prevenir y mitigar los efectos ambientales negativos descritos anteriormente, se concluye que no debe permitirse el establecimiento de las viviendas en mención, dado que provoca un cambio en el uso del suelo, ya que la vocación de éste, como ya se mencionó en el considerando IV, no es apta para la construcción de viviendas.

Segundo. Para mitigar los efectos ambientales negativos que se generan con el establecimiento de dichas viviendas, se recomienda que sean removidos los materiales usados en la construcción de las mismas y un programa de reforestación con las especies existentes en la zona (Buddleia cordata (tepozán) Quercus spp (encino), Cupressus Lusitanica (cedro blanco) Fraxinus uhdei (fresno), Agnus spp. (aile)). Los individuos utilizados para la reforestación deben tener una altura mayor o igual a 1 metro.

Tercero. Costos del desmantelamiento de las 21 viviendas, así como retiro del material usado en dichas construcciones dentro de la barranca conocida como LA DIFERENCIA:

Cuarto. Costos de reforestación del área afectada por la instalación de 21 viviendas dentro de la barranca conocida como LA DIFERENCIA:

Especie	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Buddleia cordata (tepozán)	Planta	66	$6	$396
Quercus spp (encino)	Planta	77	$32	$2,454
Agnus spp (aile)	Planta	77	$8	$616
TOTAL				$3,476

*El costo total es calculado por seis meses, tiempo mínimo que requieren las plantas para su desarrollo y adaptación al medio.

Por lo anterior el costo total por la restauración del área afectada por la construcción de 21 viviendas es de: $334,836.5 (Trescientos treinta y cuatro mil ochocientos treinta y seis pesos 50/100 M.N.).

b) Copia simple del oficio DDU/899/04, suscrito por el Director de Desarrollo Urbano de la Jefatura Delegacional en Cuajimalpa de Morelos, mediante el cual informó al Director General de Recursos Naturales y Áreas Protegidas la existencia de 23 construcciones desarrolladas en la ladera poniente de la barranca La Diferencia, 1 construcción en la ladera oriente de la misma barranca y 3 construcciones en la ladera oriente de la barranca Milpa Vieja, las cuales están fuera de la notificación para la colonia Lomas del Chamizal; dichas obras están asentadas dentro de una zonificación de uso de suelo AV (área verde), que por sus características constituyen elementos de valor al medio ambiente que se deben de rescatar o conservar, y de acuerdo a la consulta del archivo de licencias de construcción, se obtiene que no existe autorización alguna para el desarrollo de las 27 obras que señala en su escrito, aunado a que 26 de éstas, se encuentran en una zona marcada como reserva ecológica.

c) Copia simple del oficio DGJG/2267/2004, suscrito por el Director General Jurídico y de Gobierno de la Jefatura Delegacional en Cuajimalpa de Morelos, mediante el cual solicitó al Director de Desarrollo Urbano de esa demarcación territorial, que determinara la zonificación del inmueble ubicado en avenida Stim 1313, segunda sección, colonia Lomas del Chamizal, ya que se detectó una construcción terminada y habitada que no cuenta con la documentación que ampare su legal ejecución.

2.5.2. El oficio número PAOT/SPOT/827/2004, de 28 de junio de 2004, suscrito por el Suprocurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, licenciado Miguel Ángel Cancino, en el cual informó que:

El 16 de abril de 2003, el C. José Lauro Godínez González vía telefónica interpuso ante esta Suprocuraduría, la denuncia correspondiente por invasiones en la 4ª Sección de la Barranca conocida como “La Diferencia”.

En fecha 28 de abril de 2003, se presentó un escrito ratificado el mismo día por el Arq. Ernesto Amtmman, por daños ecológicos y ambientales a la “Barranca del Ocote”, razón por la cual la Suprocuraduría promovió varias reuniones en virtud de que se incumplió el programa delegacional de desarrollo urbano vigente en Cuajimalpa de Morelos, las cuales se han llevado a cabo en las instalaciones de la Delegación Cuajimalpa.

En razón de lo anterior, en reiteradas ocasiones se solicitó la intervención de las autoridades delegacionales con el propósito de que en el ámbito de sus facultades, iniciaran los procedimientos de verificación administrativa por incumplimiento al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente en Cuajimalpa de Morelos, así como la construcción de vivienda precaria sobre la barranca conocida como “El ocote” o “La Diferencia”

Ante la falta de respuesta de las autoridades delegacionales esa Procuraduría promovió diversas reuniones para dar celeridad a la atención del asunto. En ese sentido y a petición de esa Procuraduría se han celebrado diversas reuniones en las instalaciones de la Delegación Cuajimalpa para atender la problemática que se presenta en la citada barranca, a las que han acudido la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (a solicitud de la Delegación), la Comisión Nacional del Agua, la Dirección General de Recursos naturales y Desarrollo Rural Subprocuraduría de Ordenamiento Territorial (PAOTDF), y de la Dirección General de Bosques Urbanos.

Adicionalmente y a petición de esa Procuraduría se han realizado reuniones con la Dirección General de Gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y la Comisión de Barrancas y Cauces para dar solución total a la problemática, para ello esa Suprocuraduría elaboró un dictamen técnico relativo a la afectación producida en la “Barranca La Diferencia”, enviado, entre otros, al Jefe Delegacional de Cuajimalpa en fecha 17 de junio de 2004, con el propósito de que inicie el procedimiento de verificación administrativa que corresponda.

El citado dictamen también será enviado al Ministerio Público con la denuncia penal correspondiente, en ejercicio de las atribuciones de esa PAOT.

En fecha 25 de abril de 2003, esta Suprocuraduría tuvo conocimiento del derribo de árboles y de relleno de material sólido para la construcción de un camino sobre la barranca conocida como “El Zapote”, por lo que se inició una actuación de oficio solicitando la intervención de diversas autoridades, entre ellas, la Delegación Cuajimalpa de Morelos, SEDUVI, CNA, PROFEPA, logrando detener el relleno de la barranca y a la fecha no se realizan obras en el lugar.

El 10 de junio de 2003 durante un recorrido en esa Delegación, se observó el relleno de la barranca conocida como “El Ocote” o “La Diferencia”, por lo que se inició una actuación de oficio, y se solicitó la actuación de las autoridades que tienen facultades para ello, en este caso, la Dirección General Jurídica y de Gobierno, la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano ambas de Cuajimalpa, la Dirección General de Regulación y Gestión del Agua, Suelo y Residuos de la Secretaría del Medio Ambiente.

Por lo que hace a la autoridad competente para evaluar la afectación ambiental en barrancas, esto depende de las especificidades de la irregularidad, ya sea por derribo de árboles, cambio de uso de suelo, construcción ilegal, obras sin impacto ambiental, etc., pueden intervenir distintas autoridades del Distrito Federal.

Por lo que hace a las facultades de la Procuraduría para la protección y preservación en el suelo de conservación y barrancas, así como a las acciones realizadas en el caso de la Barranca “La Diferencia”, a esta Procuraduría le corresponden, entre otras cuestiones:

• Atender denuncias ciudadanas, sin ejercer actos de autoridad en los hechos, esta Procuraduría actúa como un Ombudsman ambiental y en desarrollo urbano
• Presentar denuncia ante las autoridades competentes cuando conozca de actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones o incumplimiento a la legislación administrativa y penal, así como en materia ambiental y del ordenamiento territorial;
• Emitir recomendaciones ante las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal, municipal y del Distrito Federal, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación ambiental y del ordenamiento territorial;
• Emitir sugerencias a la Asamblea Legislativa y a las autoridades judiciales para ser consideradas en los procedimientos, recursos, iniciativas de ley, proposiciones legislativas o de cualquier otro asunto de su competencia relacionados a la protección del ambiente y el ordenamiento territorial;
• Formular y validar dictámenes técnicos y periciales respecto de daños y en su caso de la reparación de los mismos, en materia ambiental y del ordenamiento territorial.
• Además de las denuncias y actuaciones de oficio, se analiza técnica y jurídicamente la problemática general de afectación al suelo de conservación y barrancas por asentamientos irregulares en las barrancas de Cuajimalpa y otras Delegaciones.

  A partir de las denuncias y actuaciones de oficio, se analiza técnica y jurídicamente la problemática general de afectación al suelo de conservación y barrancas por asentamientos irregulares, por lo cual esa Subprocuraduría se encuentra realizando un estudio respecto de la barranca conocida como La Diferencia

  El fundamento para considerar a las barrancas de Cuajimalpa como suelo de conservación, específicamente la Barranca “La Diferencia”, en base al Programa Delegacional Urbano vigente en Cuajimalpa de Morelos, corresponde al suelo urbano, con zonificación AV (Área Verde).

  Desde el punto de vista de esta Suprocuraduría, no se actualiza algún supuesto para que pudiera intervenir la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, toda vez que la Barranca “La Diferencia” se ubica en suelo urbano del Distrito Federal.

  Respecto de la existencia de un registro sobre la pérdida del suelo de conservación, no se tiene conocimiento sobre el particular; sin embargo esa Procuraduría, desde su creación, ha planteado la necesidad de contar con un inventario de asentamientos irregulares, de acciones de rescate y monitoreo.

  En cuanto a las actividades ilícitas que se presentan en suelo de conservación y en áreas naturales protegidas, a través de las denuncias ciudadanas presentadas ante esa institución y de las actuaciones iniciadas de oficio, se ha tenido conocimiento de diversos casos al respecto.

  Además se tienen diversas reuniones con la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, en las cuales se ha tratado el tema de las Barrancas de Cuajimalpa, acordando que las autoridades delegacionales implementen las acciones previstas en la legislación.

  Los problemas para proteger el suelo de conservación son la falta de una correcta aplicación de la normatividad en materia ambiental y del ordenamiento territorial, por parte de las autoridades competentes para realizar acciones de verificación, así como para la aplicación de medidas de seguridad y sanciones administrativas.

  Se conoce la existencia de una partida especial para la protección y preservación del suelo de conservación; sin embargo, no se cuenta con más información.

2.5.3. El oficio SMA/DGCORENADER/432/2004, de fecha 24 de junio de 2004.

a) Las barrancas Milpa Vieja, La Diferencia y El Zapote, están clasificadas de conformidad con el PDDU vigente desde el 31 de julio de 1997 como áreas Verdes de Valor Ambiental, Bosques, Barrancas y Zonas Verdes.

b) Son zonas que por sus características constituyen elementos de valor del medio ambiente que se deben rescatar o conservar como barrancas, ríos, arroyos, chinampas, zonas arboladas, etc. Los predios de propiedad del Departamento del Distrito Federal (sic) que no se encuentren catalogados como reservas seguirán manteniendo el mismo uso de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Desarrollo Urbano.

c) Sobre si esta DGCORENADER ha recibido alguna denuncia por actos de invasión en el sistema de barrancas Milpa Vieja, La Diferencia y El Zapote, le informo que efectivamente la Asociación de Colonos de Lomas del Chamizal ha realizado denuncias sobre invasiones, asimismo envió una solicitud para decretar el área como protegida.

d) La competencia y facultades de esta DGCORENADER, se encuentran establecidas en el artículo 56 del Reglamento Interno de la Administración Pública del Distrito Federal, por lo que este Organismo ha recibido denuncias de la Asociación de Colonos de Lomas del Chamizal y del Arq. Amtmann, las cuales han sido atendidas por la SMA.

Cabe mencionar que la autoridad competente en este caso es la Delegación de Cuajimalpa de Morelos, sin embargo hasta el momento no ha actuado para sancionar a los infractores, por lo tanto el asunto se esta tratando en la Dirección General de Gobierno a solicitud de la DGCORENADER.

En lo relativo al decreto de área protegida se inició un expediente técnico, el cual fue transferido en el 2003 a la Dirección General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental para su continuación y posterior declaratoria. De acuerdo al Programa General de Ordenamiento Ecológico las barrancas son suelo de conservación, en virtud de lo cual y con fundamento en el artículo 56 del RIAPDF, el personal del Centro Regional No.1 realiza la vigilancia de dicha zona, ya que DGCORENADER no puede aplicar sanciones, sino sólo verificar.

e) En cuanto a las acciones que realizaría la DGCORENADER en el ámbito de su competencia es emitir los lineamientos para realizar la restauración de dicha área, los trabajos de restauración deben llevarse a cabo en coordinación con la DGRNANP de la Delegación de Cuajimalpa de Morelos y con la DGBUEA de la Secretaría del Medio Ambiente.

f) No se tiene conocimiento de que la autoridad delegacional haya implementado acciones para preservar o restaurar el equilibrio ecológico en las barrancas Milpa Vieja, La Diferencia y El Zapote.

g) No se tiene conocimiento sobre si esta autoridad ha intevenido en la formulación, ejecución, modificación o cancelación de planes de programas de desarrollo urbano en el sistema de barrancas.

h) La forma en que opera el sistema de inspección y vigilancia de los recursos naturales en el suelo de conservación y áreas naturales protegidas se encuentra previsto en el Título Séptimo, Capítulo II de la Inspección y Vigilancia de la Ley Ambiental del Distrito Federal.

i) Por lo que respecta a que si esta DGCORENADER tenía conocimiento de la problemática que dio origen a esta queja, no se tiene conocimiento de que la autoridad delegacional haya realizado alguna acción para preservar o restaurar el equilibrio ecológico de la barranca, además de que no tenemos competencia en el suelo urbano.

j) En el supuesto de que esta autoridad fuera competente para conocer de este asunto, el procedimiento a seguir sería el establecido en los artículos 201 al 219 de la Ley Ambiental para el Distrito Federal.

k) La DGCORENADER, en conjunto con la Delegación y otras autoridades, integran mesas de trabajo a efecto de plantear la forma en la que se llevara a cabo la recuperación administrativa del o de los predios como el que nos ocupa, tomando en consideración la información de la SEDUVI o de recomendaciones o de dictámenes de la PAOT, que en este caso ya se emitió.

l) La autoridad a la que le correspondería implementar las acciones legales correspondientes sobre las posibles afectaciones ambientales al sistema de barrancas Milpa Vieja, La Diferencia y El Zapote, es la Delegación de Cuajimalpa de Morelos en virtud de que es ella la autoridad que lleva a cabo su administración, manejo y vigilancia, y por consecuencia es quien debe formular y aplicar la Legislación Ambiental del Distrito Federal.

m) En caso de que esta autoridad fuera competente y con fundamento en el artículo 56 Ter fracciones I a VIII, IX, X y XII a XXIX, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y 201 al 219 de la Ley Ambiental para el Distrito Federal, la DGCORENADER, tanto en materia ambiental como administrativa, estaría en facultad de iniciar el procedimiento administrativo correspondiente.

n) Las acciones concretas que en su caso se generarían a cargo de esta autoridad serían para preservar y restaurar el equilibrio ecológico en relación con las obras realizadas en el predio materia de la queja, consistiría: en emitir un dictamen de impacto ambiental en el que se manifiesten las características y usos del suelo, así como la afectación que éste sufriría el suelo, proporcionando los lineamientos, criterios y opiniones para la restauración de las áreas afectadas de barrancas y colaborar con la delegación para llevar a cabo las acciones de reforestación de la zona.

o) Las autoridades que en su caso podrían ser competentes para efectuar acciones específicas ante el presente asunto, debido a la naturaleza del predio sobre el cual versa la problemática serían las siguientes:

1. Comisión Nacional de Aguas Nacionales;
2. Jefe de Gobierno;
3. Sistema de Aguas de la Ciudad de México;
4. Delegación Política; y
5. Secretaría del Medio Ambiente:

• Dirección General de Regulación y Vigilancia Ambiental (Antes Dirección General de Gestión Ambiental de Agua, Suelo y Residuos)
• Dirección General de Bosques Urbanos y Educación Ambienta

p) Las consecuencias ambientales de la afectación a las barrancas del Distrito Federal radicarían principalmente en la disminución cuantitativa y cualitativa de servicios ambientales proporcionados por cada barranca según sus características particulares.

Actualmente se están tramitando diversos procedimientos ante esta Dirección General de los cuales sólo uno colinda con la barranca denominada La Diferencia.

En fecha 17 de febrero de 2004 mediante el oficio número SG/1732/2004 se informó a la Secretaria del Medio Ambiente Dra. Claudia Sheinbaum Pardo que en la sesión del 11 de febrero del año en curso el pleno de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó seis puntos y con relación al asunto que nos ocupa, el acuerdo segundo a continuación se transcribe:

“SEGUNDO: Solicitar a la Secretaría del Medio Ambiente y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, investiguen en qué términos se otorgaron las autorizaciones para construir los grandes edificios que hoy en día se levantan sobre las barrancas Milpa Vieja, La Diferencia y El Zapote, en la colonia Lomas del Chamizal, Delegación Cuajimalpa de Morelos”.

Durante el mes de junio del año en curso esta Dirección General realizó las últimas acciones que resultaron procedentes en cada procedimiento administrativo instaurado, mismas que a continuación se indican:

El 4 de octubre de 1994, la entonces Dirección de Ecología del Departamento del Distrito Federal, mediante resolución administrativa número D34/DGE/4.0.0/18279, autorizó en materia de impacto ambiental a la empresa denominada VPN PROMOCION INMOBILIARIA, S.C., la construcción y operación del Conjunto Residencial “BOSQUES”, en el predio ubicado en Avenida Secretaría de Marina número 539, Colonia Lomas del Chamizal, Cuarta Sección, Delegación Cuajimalpa de Morelos, el cual consistía en dos torres de 37 niveles cada una, con un total de 266 departamentos. No obstante lo anterior dicha autorización ya no está vigente en virtud de no haber iniciado las obras de construcción dentro del plazo de un año establecido en dicha resolución.

Con fecha 14 de abril de 2004, la empresa GRUPO PROMOTOR DE INVERSIONES MÉXICO, S.A. DE C.V., solicitó la autorización en materia de impacto ambiental para el proyecto denominado “CONJUNTO RESIDENCIAL DOS TORRES BOSQUES”, ubicado en la dirección antes citada y con características similares al proyecto autorizado en 1994, solicitud que se integró bajo el expediente número DIR-ME-449/2004, realizándose las siguientes acciones:

Con fecha 17 de mayo de 2004, mediante el oficio número SMA/DGRGAASR/DIR/5415/2004, se emitió el acuerdo de integración del expediente DIR-ME-449/2004.

Con fecha 23 de junio del año en curso, mediante oficio número SMA/DGRVA/7511/7511/2004, se expide la orden de visita domiciliaria ordinaria número DIR-DO-045/2004 al predio ubicado en Avenida Secretaría de Marina número 539, Colonia Lomas del Chamizal, Cuarta Sección, Delegación Cuajimalpa de Morelos, entre cuyo objeto y alcance se identificó el de materializar lo ordenado en la resolución administrativa número SMA/DGRVA/DIR/7194/2004 de fecha 16 de junio de 2004 “CLAUSURANDO DE MANERA TEMPORAL TOTAL” las obras y actividades del proyecto denominado “BOSQUES”, promovida por la empresa GRUPO PROMOTOR DE INVERSIONES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. en el domicilio antes señalado.

Con fecha 23 de junio de 2004, mediante oficio número SMA/DGRVA/DIR/7510/2004 se comisionó al personal autorizado por esta Dirección para participar en la visita antes señalada.

Con la misma fecha se practicó la visita antes señalada, levantándose el Acta Administrativa número 824/2004, colocándose los sellos de clausura.

Con fecha 24 de junio del presente año, se emitió el oficio número SMA/DGRVA/DIR/7632/2004, dirigido al C. Ignacio Ruíz López, Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos, al cual se le solicitó la opinión técnica con relación a la solicitud de impacto en materia de Impacto Ambiental respecto del proyecto denominado “CONJUNTO RESIDENCIAL DOS TORRES BOSQUES” presentado por la empresa GRUPO PROMOTOR DE INVERSIONES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Con fecha 24 de junio de 2004 año se solicitó al Director General de Desarrollo Urbano y Vivienda Arq. Guillermo Ysusi Farfán, si la resolución de modificación al Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Cuajimalpa de Morelos versión 1987 y la licencia de uso de suelo número 445/94 y folio 1090/94 antes citado siguen vigentes y si el uso de suelo y las superficies permitidas en ellos son aplicables actualmente. En espera de respuesta.

En relación a la barranca La Diferencia se señala lo siguiente:

Con fecha 20 de abril de 2001, la hoy Dirección General de Regulación y Vigilancia Ambiental en el expediente 17969/2001, emitió la resolución administrativa número SMA/DGRGAASR/DIAR/20478/2001 mediante la cual autorizó en materia de impacto ambiental en favor del C. MOISÉS COHEN ABADI Y COPROPIETARIOS, la construcción y operación del proyecto denominado “RESIDENCIAL REFORMA LAURELES”, el cual consiste en una construcción de 4 torres con planta baja y 22 niveles de departamentos, en un terreno formado por cuatro predios que totalizarán 11,023 metros cuadrados, ubicados en la Calle Prolongación Paseo de los Laureles número 423, y en Av. Prolongación Bosques de la Reforma con los números 1539, 1547 y 1551 todos en la Colonia Bosques de las Lomas, Delegación Cuajimalpa colindantes con la Barranca denominada La Diferencia.

Por otra parte y con motivo de la solicitud del C. Jaime Schlitter Alba, otrora Director General de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, de practicar una visita en el edificio ubicado al oriente de la Secretaria de Marina a la entrada de la 4ª Sección, N° 1539, de la Av. Prolongación Bosques de Reforma, en la colonia Lomas del Chamizal, al principio de la barranca “La Diferencia”, en la Delegación Cuajimalpa de Morelos, localizado entre las coordenadas geográficas 19º 22’ 59” Latitud Norte y 99º 15’ 59” Longitud Este, se integró el expediente número DIR/D/354/2002.

Con fecha 2 de octubre de 2002 la entonces Dirección General de Regulación y Gestión Ambiental del Agua, Suelo y Residuos, emitió la orden de visita de verificación extraordinaria mediante el oficio número SMA/DGRGAASR/DIR/17342/2002 para los efectos antes citados, en esta misma fecha se emitió el oficio número SMA/DGRGAASR/DIR/17343/2002, mediante el cual se comisionó a los verificadores administrativos autorizados, para practicar la visita de verificación extraordinaria número DIR-VED-113/2002.

Con fecha 3 de octubre de 2002, el personal comisionado practicó la visita DIR-VED-113/2002 levantándose el Acta Administrativa número 2954.

Con fecha 18 de junio del presente año, esta Dirección General emitió la Resolución Administrativa número SMA/DGRVA/DIR/7254/2004, mediante la cual se resolvió la Visita de Verificación Extraordinaria número DIR-VED-113/2002, misma que fue notificada con fecha 29 de junio del año en curso, en la citada resolución se impuso a C. MOISÉS COHEN ABADI responsable del proyecto denominado “RESIDENCIAL REFORMA LAURELES”, una multa de QUINIENTOS DÍAS DE SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL, a razón de $45.24 (cuarenta y cinco pesos 24/100 M.N.) que se traducen en la cantidad de $22,620.00 (Veintidós mil seiscientos veinte pesos 00/100 M.N.), por no haber presentado el Dictamen Favorable de Impacto Urbano y no haber presentado los informes trimestrales cuarto y sexto de avance de obra.

Con fecha 29 de enero de 2002, la hoy Dirección General de Regulación y Vigilancia Ambiental emitió el oficio número SMA/DGRGAASR/DIR/037/2002, en el expediente número 24334/2001, mediante el cual se informó al C. MOISÉS FARCA AMIGA, que el proyecto consistente en la construcción y operación de un desarrollo habitacional de 36 viviendas, en el predio ubicado en Av. STIM número 120, colonia Lomas del Chamizal, Delegación Cuajimalpa de Morelos, con superficie aproximada de 3,028 metros cuadrados, estaba sujeto a la obtención de la autorización en materia de Impacto Ambiental, Modalidad General. Este oficio fue notificado el 19 de febrero de 2002 y hasta la fecha el C. MOISÉS FARCA AMIGA, no ha ingresado ninguna solicitud a esta Dirección General.

“…el avance de los asentamientos irregulares depende de diferentes factores, tal como es el deterioro de las áreas centrales, las fallas del mercado inmobiliario que encarecen el suelo, así como las presiones de usos más rentables que el de vivienda, por lo que muchos pobres tienen que marchar en busca de suelo más barato, en este sentido el crecimiento de los asentamientos no obedece a ninguna formula” y “Las principales causas por las que se ha generado el cambio de uso de suelo de conservación, obedece a que durante las últimas décadas los pobladores de bajos ingresos han tenido pocas oportunidades de acceder al mercado formal y al financiamiento público para su vivienda, por lo que recurre a la venta, apropiación, y/o construcción irregular del suelo, asimismo y como se mencionó la renta y venta de estos terrenos va por debajo de las ventas de zonas urbanas, desconocimiento de la ley y de las limitantes con las que cuenta su terreno al ubicarse en suelo de conservación.”

“SEGUNDO: Solicitar a la Secretaría del Medio Ambiente y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, investiguen en qué términos se otorgaron las autorizaciones para construir los grandes edificios que hoy en día se levantarán sobre las barrancas Milpa Vieja, La Diferencia y El Zapote, en la colonia Lomas del Chamizal, delegación Cuajimalpa de Morelos”.

El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras.

a) El derecho a la vida4;
b) Derecho a la salud5;
c) Derecho a la vivienda adecuada6 ;
d) El derecho a la información7;
e) Derecho de las minorías étnicas al derecho a la autodeterminación8;
f) Derecho al desarrollo9, y
g) Derecho a la paz10.

Art. 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización.
Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.
El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos internos.

Art. 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Es deber de Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Art. 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en zonas fronterizas.

Art. 81. Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos.
El Estado regulará el ingreso al país y la salida de él de los recursos genéticos, y su utilización, de acuerdo con el interés nacional.

Art. 82. Es deber de Estado velar por la protección de la integridad de espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.
Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común.

Artículo 4.
…

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

Artículo 3.

En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

Fracción XIII.

La prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre.

Artículo 3

La política de desarrollo social se sujetara a los siguientes principios:

I. Libertad: capacidad de las personas para elegir los medios para su desarrollo personal así como para participar en el desarrollo social;

II. Justicia distributiva: garantiza que toda persona reciba de manera equitativa los beneficios del desarrollo conforme a sus meritos, sus necesidades, sus posibilidades y las de las demás personas;

III. Solidaridad: colaboración entre personas, grupos sociales y órdenes de gobierno, de manera corresponsable para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad;

IV. Integralidad: articulación y complementariedad de programas y acciones que conjunten los diferentes beneficios sociales, en el marco de la política nacional de desarrollo social;

V. Participación social: derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del desarrollo social;

VI. Sustentabilidad: preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, para mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras;
…

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en el presente Estatuto son de orden público e interés general y son norma fundamental de organización y funcionamiento del Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 12. La Organización Política y Administrativa del Distrito Federal atenderá los siguientes principios estratégicos:

X. La conjugación de acciones de desarrollo con políticas y normas de seguridad y de protección a los elementos del medio ambiente;

Artículo 67. Las facultades y obligaciones del Jefe de Gobierno del Distrito Federal son las siguientes:

XVI. Formular el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal;

XXVI. Dirigir la planeación y ordenamiento del desarrollo urbano del Distrito Federal, en los términos de las leyes;

XXVII. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación, en los términos de los artículos 11 y 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, con el objeto que asuma las siguientes funciones:

a) El manejo y vigilancia de las áreas naturales protegidas de competencia federal;
…

Artículo 69. El Distrito Federal participará, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y este Estatuto, en la planeación y ejecución de acciones coordinadas con la Federación, Estados y Municipios en las zonas conurbadas limítrofes con la Ciudad de México, en materias de asentamientos humanos; protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos y seguridad pública.

Artículo 118. Para el desarrollo y bienestar social en la Ciudad deberán tomarse en cuenta las siguientes materias:
…
II. Planeación del desarrollo;

III. Reservas territoriales, uso de suelo y vivienda;

IV. Preservación del medio ambiente y equilibrio ecológico;

Tratándose de las materias a que se refiere este artículo, las leyes de la Asamblea Legislativa establecerán los sistemas de dirección, coordinación, y en su caso de desconcentración o descentralización, que permitan aproximar la actuación de la administración pública a los habitantes de la ciudad.

Artículo 15. El Jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que comprenden el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, en los términos de ésta ley, de las siguientes dependencias:

…

IV. Secretaría del Medio Ambiente;

Artículo 1°. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto:

I. Definir los principios mediante los cuales se habrá de formular, conducir y evaluar la política ambiental en el Distrito Federal, así como los instrumentos y procedimientos para su aplicación;

II. Regular el ejercicio de las facultades de las autoridades de la administración pública del Distrito Federal en materia de conservación del medio ambiente, protección ecológica y restauración del equilibrio ecológico;

III. Conservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como prevenir los daños al ambiente, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la conservación de los ecosistemas;

IV. Establecer y regular las áreas verdes, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas de competencia del Distrito Federal, así como manejar y vigilar aquellas cuya administración se asuma por convenio con la federación, estados o municipios;

V. Prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo en el Distrito Federal en aquellos casos que no sean competencia de la federación;

VI. Establecer las medidas de control, de seguridad y las sanciones administrativas que correspondan, para garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta ley y de las disposiciones que de ella se deriven;

VII. Regular la responsabilidad por daños al ambiente y establecer los mecanismos adecuados para garantizar la incorporación de los costos ambientales en los procesos productivos; y

VIII. Establecer el ámbito de participación de la sociedad en el desarrollo y la gestión ambiental.

Artículo 2. Esta ley se aplicará en el territorio del Distrito Federal en los siguientes casos:

…

III. En la conservación y control de la contaminación del suelo;

…

V. En la protección y preservación de la flora y fauna en las áreas verdes, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas y en el suelo de conservación competencia del Distrito Federal.

VI. En la política de desarrollo sustentable y los instrumentos para su aplicación.

VII. En el establecimiento de las competencias de las autoridades ambientales.

VIII. En la prevención, control y acciones contra la contaminación ambiental.

IX. En la prestación de servicios ambientales; y

X. En el establecimiento de medidas de control, seguridad y sanciones.

Artículo 3. Se consideran de utilidad pública:

…

II. El establecimiento, protección, preservación, restauración y mejoramiento de las áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas de competencia del Distrito Federal, las zonas de restauración ecológica y en general del suelo de conservación, para la preservación de los ecosistemas y elementos naturales;

III. El establecimiento de zonas intermedias de salvaguarda; las áreas de producción en zona federal de las barrancas, humedales, vasos de presas, cuerpos y corrientes de aguas;

IV. La prevención y control de la contaminación ambiental del aire, agua y suelo, así como el cuidado, restauración y aprovechamiento de los elementos naturales y de los sitios necesarios para asegurar la conservación e incremento de la flora y fauna silvestres;

VII. La participación social encaminada al desarrollo sustentable del Distrito Federal;

VIII. La elaboración y aplicación de planes y programas que contengan políticas de desarrollo integral de la entidad bajo criterios ambientales.

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se estará a las definiciones de los conceptos que se contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y la Ley de Aguas del Distrito Federal, así como las siguientes:

ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL: Las áreas verdes en donde los ambientes originales han sido modificados por las actividades antropogénicas y que requieren ser restauradas o preservadas, en función de que aún mantienen ciertas características biofísicas y escénicas, las cuales les permiten contribuir a mantener la calidad ambiental de la Ciudad.

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS: Los espacios físicos naturales en donde los ambientes originales no han sido suficientemente alterados por actividades antropogénicas, o que quieren ser preservadas y restauradas, por su estructura y función para la recarga del acuífero y la preservación de la biodiversidad. Son áreas que por sus características ecogeográficas, contenido de especies, bienes y servicios ambientales y culturales que proporcionan a la población, hacen imprescindible su preservación.

ÁREA VERDE: Toda superficie cubierta de vegetación, natural o inducida que se localice en el Distrito Federal.

BARRANCAS: Depresión geográfica que por sus condiciones topográficas y geológicas se presentan como hendiduras y sirven de refugio de vida silvestre, de cauce de los escurrimientos naturales de ríos, riachuelos y precipitaciones pluviales, que constituyen zonas importantes del ciclo hidrológico y biogeoquímico.

CONSERVACIÓN: El conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones, de detección, rescate, saneamiento y recuperación, destinadas a asegurar que se mantengan las condiciones que hacen posible la evolución o el desarrollo de las especies y de los ecosistemas propios del Distrito Federal.

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO: La regulación ambiental obligatoria respecto de los usos del suelo fuera del suelo urbano, del manejo de los recursos naturales y la realización de actividades para el suelo de conservación y barrancas integradas a los programas de desarrollo urbano.

PARQUES: Las áreas verdes o espacios abiertos jardinados de uso público, ubicados dentro del suelo urbano o dentro de los límites administrativos de la zona urbana de los centros de población y poblados rurales en suelo de conservación, que contribuyen a mantener el equilibrio ecológico dentro de las demarcaciones en que se localizan, y que ofrecen fundamentalmente espacios recreativos para sus habitantes.

SECRETARÍA: Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal.

SUELO URBANO: La clasificación establecida en la fracción I del artículo 30 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, incluidas las áreas verdes dentro de los límites administrativos de la zona urbana de los centros de población y poblados rurales localizados en suelo de conservación que establece el programa general de ordenamiento ecológico.

SUELO DE CONSERVACIÓN: La clasificación establecida en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

Artículo 6. Son autoridades en materia ambiental en el Distrito Federal:

I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal;

II. El Titular de la Secretaría del Medio Ambiente;

III. Los Jefes Delegacionales del Distrito Federal; y

IV. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.

Para efectos de lo dispuesto en la fracción III, en cada órgano político administrativo existirá una unidad administrativa encargada del área ambiental y de aplicar las disposiciones que esta Ley le señalan como de su competencia.
La administración pública local será la encargada de formular la política de desarrollo sustentable para el Distrito Federal así como de realizar las acciones necesarias para proteger y restaurar el ambiente y los elementos naturales en forma coordinada, concertada y corresponsable con la sociedad en general, así como con las dependencias federales competentes.

…

Artículo 18. Para la formulación y conducción de la política ambiental y aplicación de los instrumentos previstos en esta Ley, las dependencias y entidades de la Administración Pública Local, así como, los particulares, observarán los principios y lineamientos siguientes:
…

VI. Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente está obligado a prevenir, minimizar o restaurar, y en su caso, reparar los daños que cause, de conformidad con las reglas que establece esta Ley.

Artículo 31.

Quedan prohibidos la urbanización, los asentamientos humanos o el depósito de basura o residuos en las barrancas, cauces de ríos y arroyos sujetos a la protección, preservación o restauración ecológica en los términos de la Ley.

Para los efectos de este artículo se entiende por barranca la hendedura formada en el terreno por el flujo natural del agua o por las condiciones topográficas o geológicas, cuya profundidad es mayor a cinco metros y a dos veces su anchura y su longitud es superior a cuarenta metros.

Artículo 30.

El territorio del Distrito Federal se clasificará e el Programa General en:
…

III. Suelo de conservación: comprende el que lo amerite por su ubicación, extensión, vulnerabilidad y calidad, el que tenga impacto en el medio ambiente y en el ordenamiento territorial; los promontorios, los cerros, las zonas de recarga natural del acuífero, las colinas, elevaciones y depresiones orográficas que constituyan elementos naturales del territorio de la ciudad y aquel cuyo subsuelo se haya visto afectado por los fenómenos naturales o por explotaciones o aprovechamientos de cualquier género, que representen peligros permanentes o accidentales para el establecimiento de los asentamientos humanos.

• Debe ser rápido y sencillo, para evitar que se torne ilusorio deberá fundamentarse en el principio de prevención en la medida de lo posible las decisiones deben tomarse anticipando y evitando los daños ambientales “…en el ámbito de la protección del medio ambiente, la vigilancia y la prevención se imponen en razón del carácter a menudo irreparable de los daños causados al medio ambiente y de los límites inherentes al propio mecanismo de reparación de este tipo de daños”16.
• Deberá asimismo contemplar una legitimación activa amplia, esto es no sólo la víctima directa de la degradación ambiental sino también todo aquel ciudadano que desee ejercitar su rol de protector del medio ambiente.
• Deberá sin duda tener en cuenta el costo para iniciar el recurso, este deberá ser razonable y accesible al ciudadano común y preveer la posibilidad de acceder en determinados casos sin costo alguno. 17
• Deberá fundamentarse en el principio precautorio “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. 18
• Deberá reconocer la importancia de acceder a la información científica la misma deberá ponerse a disposición de las partes y del Tribunal. En caso de no existir, el Estado deberá proveer las medidas para su producción.

Artículo 17.

Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

Artículo 2.

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.

3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;
b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial;
c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

Artículo 25. Protección Judicial.

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados Partes se comprometen:

a. A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b. A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c. A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

…los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (Art. 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (Art. 8.1.), todo ello, dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención de toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (Casos Velásquez Rodríguez, Fairén Garbi y Solís Corrales y Godínez Cruz. Excepciones Preliminares, sentencias de 26 de junio de 1987, párrs. 90, 90 y 92, respectivamente.)
Corte I.D.H., Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A, No. 9, párrs. 23-24.

…la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar. En ese sentido debe subrayarse que, para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla.24

Artículo 47. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto fijan en el servicio de las fuerzas armadas.

Fracción I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo cargo o comisión;

...

Fracción XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público.

“El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El Derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos...”.

“Cabe enfatizar que el Distrito Federal, como entidad en su conjunto, sufre de una creciente escasez de agua, que ha llevado a las autoridades a sobre explotar el acuífero de la Ciudad y a traer agua de cuencas hidrológicas alejadas. La sobre explotación del acuífero es del orden del 50%, es decir que de cada 2 litros que se extraen sólo se recarga 1. Aún así, el acuífero sigue aportando el 70% del total del agua que se consumen en la Ciudad. El 30% de déficit se cubre con el agua que se trae de fuera de la cuenca, como es el caso de Cutzamala y Lerma”.

Artículo 1.

Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Artículo 46.

Concluida la investigación, el visitador correspondiente formulará, en su caso, un proyecto de Recomendación o Acuerdo de No Responsabilidad en los cuales se analizarán los hechos, los argumentos y pruebas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas a fin de determinar si las autoridades o servidores públicos han violado o no los derechos humanos de los afectados al haber incurrido en actos y omisiones ilegales, irrazonables, injustos, inadecuados o erróneos, o hubiesen dejado sin respuesta las solicitudes presentadas por los interesados durante un periodo que exceda notoriamente los plazos fijados por las leyes.

En el proyecto de Recomendación se señalarán las medidas que procedan para la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y, si procede, para la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado.

61. Respecto a la continuación del proceso para la investigación de los hechos y la sanción de las personas responsables, esa es una obligación que corresponde al Estado siempre que haya ocurrido una violación de los derechos humanos y esa obligación debe ser cumplida seriamente y no como una mera formalidad.
CORTE I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de septiembre de 1996, Serie C N0. 28, párr. 53-55 y 61.

MTRO. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

c.c.p. Lic. Andrés Manuel López Obrador. Jefe del Gobierno del Distrito Federal.
ADG/MMRS/HTL.

Notas al pie de página:

1.- http://www.cinu.org.mx/ninos/html/onu_n5.htm
2.- http://www.iepala.es/DDHH/ddhh1562.htm
3.- http://enciclopedia.us.es/index.php/Medio_ambiente
4.- En los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, el derecho humano al medio ambiente sano está reconocido genéricamente a través del derecho a la vida. Art. 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 1 de la Declaración Americana de Derechos Humanos. Artículo 6.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 4.1. de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Artículo 2.1. del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Artículo 2 de la Declaración de los Derechos y Libertades Fundamentales (Parlamento Europeo, Resolución de 16 de mayo de 1898).
5.- El derecho humano a un medio ambiente sano, también está reconocido a través del derecho a la salud. Artículo 25.1. de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 11 de la Declaración Americana de Derechos Humanos y Deberes del Hombre. Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 11 de la Carta Social Europea. Artículo 15, apartado 1 de la Declaración de Derechos y Libertades Fundamentales, aprobada por el Parlamento Europeo (Resolución de 16 de mayo de 1989). Artículo 19, párrafo 1 de la Carta Comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores (Aprobada mediante resolución de 22 de noviembre de 1989 por el Parlamento Europeo. Aprobada el 9 de diciembre de 1989).
6.- Artículo 11.1 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Derecho a la vivienda adecuada. Folleto Informativo 21. Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos ONU.
7.- Principios 10 y 18 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
8.- Párrafo 13 del preámbulo del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad Biológica y Principios 22 y 23 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
9.- Principios 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 11 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; párrafos 20 y 21 del preámbulo del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad Biológica y, párrafo 4 del Preámbulo del Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático.
10.- Párrafo 22 del preámbulo del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad Biológica y principios 24,25 y 26 Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
11.- Demetrio Loperena Rota. Los derechos al Medio Ambiente adecuado y a su protección.
12.- Abogado y Profesor de la Universidad de Costa Rica. Director de la Escuela Judicial del Poder Judicial. www.ambientico.una.ac.cr.
13.- Reunión en Estocolmo 5 al 16 de junio de 1972.
14.- Página electrónica www.lablaa.org/ayudadetareas/biologia/biolo171.htm
15. - http://www.cedha.org.ar/docs/doc91-spa.doc
16.- Corte Internacional de Justicia, Affaire relative au project Gabcíkovo-Nagymaros (Hongrie/Eslovaquie), Arret du 25 de septembre 1997, pár. 14.
17.- Sobre indigencia y acceso a la justicia ver en este mismo artículo pág. 17.
18.- Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
19.- Aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante Resolución 2200 (XXI) el 16 de diciembre de 1966. Aprobado por el Senado el 18 de diciembre de 1980. Ratificado por México el 24 de marzo de 1981.
20.- Aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el 22 de noviembre de 1969. Aprobada por el Senado el 18 de diciembre de 1980. Ratificada por México el 24 de marzo de 1981.
21.- Caso Castillo Páez. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C. No. 34 párrs. 82 y 83. Reiterado en los casos Suárez Rosero (Fondo), párr. 65 (1997). Blake (Fondo), párr. 102 (1998); Comunidad Mayagna (Fondo) párr. 112 (2001), e Ivcher Bronstein (Fondo), párr. 135 (2001).
22.- Art. 39. Corresponde a los titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada demarcación territorial: LXI. Implementar acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente desde su demarcación territorial, de conformidad con la normatividad ambiental; LXII. Autorizar los informes preventivos, así como conocer y gestionar las manifestaciones de impacto ambiental que en relación a construcciones y establecimientos soliciten los particulares, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; y LXIII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones en materia ambiental; así como aplicar las sanciones que correspondan cuando se trate de actividades o establecimientos cuya vigilancia no corresponda a las dependencias centrales, de conformidad con la normatividad ambiental aplicable.
23.- Caso del Tribunal Constitucional, párr. 90; Caso Bámaca Velásquez, párr. 191; y Caso Cesti Hurtado. Sentencia de 29 de septiembre de 1999. Serie C No. 56, párr. 125
24.- Caso Ivcher Bronstein, párr. 136; Caso Cantoral Benavides. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párr. 164; y Caso Durand y Ugarte, párr. 102.
25.- Gaceta Oficial del Distrito Federal. 10 de febrero de 2004.
26.- La Defensa Jurídica de la Constitución. Ed. Duero S.A de C.V. México 1994. p. 385.
27.- Loperena Rota, Demetrio, Los derechos al Medio Ambiente adecuado y a su protección, En la Revista Electrónica de Derecho Ambiental, Medio Ambiente & Derecho. Número 3, noviembre 1999, http://www.cica.es/aliens/gimadus/index.html
28.- Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 13 de enero del 2000. Artículo 5°.
29.- Brañes Ballesteros, Raúl, Derecho Ambiental Mexicano, Ed. Universo Veintiuno, México 1977, p. 25-26.
30.- Introducción al concepto de Medio Ambiente. www.mma.es/polit_amb/fondos/redauto/pdf/ms
31.- El Derecho a un medio ambiente sano como un derecho humano fundamental. Su protección jurídico penal. Fiscal y Presidenta del Buró Provincial de la Unión Nacional de Juristas de Cuba en la Provincia Habana.
32.- Loperena Rota, Demetrio. Los derechos al Medio Ambiente adecuado y a su protección.
33.- M. Sommer, Op.Cit.
34.- Regulación de Barrancas y Acciones por Obras o Actividades Ilícitas (Versión preliminar en revisión). Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Abril 2004.
35. Ibíd. Párr. 5.
36.-Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2003.
37.- Organización de Naciones Unidas. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 29ª. Sesión, Ginebra del 11 al 29 de noviembre de 2002. Observación General No. 15. pp.8
38.- Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Recomendación 09/2003. Caso: Violación al Derecho Humano al Agua en conexidad con los derechos humanos a la vida, salud y un medio ambiente sano. Descripción de la situación jurídica generada por la violación a los derechos humanos y del contexto en el que los hechos se presentaron.
39.- Demetrio Loperena Rota. El derecho al medio ambiente adecuado. Editorial Civitas, S.A. 1996.
40.- ONU-HABITAT, http://www.unhabitat.org/programmes/guo/documents/EGMfinalreport4ec02.pdf.
41.- Aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el 22 de noviembre de 1969. Aprobada por el Senado el 18 de diciembre de 1980. Ratificada por México el 24 de marzo de 1981.
42.- Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párr. 49.